La Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa (SAJuR) expresa su respaldo a la jueza Laura B. De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas n.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, ante las amenazas de juicio político y la denuncia penal promovidas a raíz de una sentencia dictada en ejercicio de su función jurisdiccional.
El control de constitucionalidad y de convencionalidad es un deber de toda jueza y todo juez. Una resolución se revisa, se apela y se revoca: para eso existen los recursos, y el Ministerio Público Fiscal ya apeló. Pedir el juicio político de una magistrada por el contenido de un fallo no es discutir la sentencia. Es presionar a quien la firmó. Y cuando esa presión funciona, lo que se pierde no lo pierde una jueza: lo perdemos todos, porque la próxima decisión difícil se toma mirando el ruido y no el expediente.
Se dijo que la decisión «construye impunidad». No es lo que hizo. La jueza declaró inconstitucional, para este caso, el artículo 1 de la ley 27.801, que bajó la edad de punibilidad a los 14 años. Por eso sobreseyó al adolescente, que tiene 14, y dispuso comunicar la situación al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que el Estado interviniera por la vía del sistema de protección integral.
Que un hecho no termine en una pena no significa que nadie se haga cargo de él. Significa elegir qué intervención tiene más posibilidades de que ese hecho no se repita, y de que el daño causado encuentre alguna reparación.
A los poderes Ejecutivo y Legislativo, a los actores políticos y a los medios de comunicación les pedimos que las sentencias se discutan por las vías recursivas que la propia ley prevé, y que la crítica no se convierta en una herramienta para disciplinar a magistradas y magistrados.
Lo contrario a la inseguridad no es seguridad: es convivencia.
Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa — SAJuR
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